Procuraduría General de la Nación
Colprensa
5 Ago 2020 06:39 PM

Abren proceso disciplinario contra exsecretario jurídico del Atlántico

Nixon
Carvajal Rincón
La medida también cubre a un exdirector de la CRA.

La Procuraduría General de la Nación inició dos procesos disciplinarios, en contra del exsecretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale y otro en contra del exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, período 2016 - 2019, Alberto Escolar Vega, por presuntas irregularidades en contratación de capacitaciones.

En el caso del exfuncionario de la Administración departamental, Rachid Náder, la Procuraduría Regional del Atlántico ordenó inicio de indagación disciplinaria por la presunta celebración y ejecución irregular de un convenio  de asociación suscrito entre la gobernación y una institución educativa.

Lea aquí: Alcaldía Distrital y Policía Metropolitana inician proceso para contrarrestar la inseguridad en Santa Marta

La Procuraduría busca establecer el grado de participación del exfuncionario en el proceso de la actividad contractual, de acuerdo al cargo que desempeñaba para la época de los hechos.

El acuerdo entre la administración departamental y la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología (CEIFIT), de acuerdo al Ministerio Público, que tenía como  objeto , “aunar esfuerzos institucionales para desarrollar procesos de capacitación a los actores sociales y comunitarios de los municipios del Atlántico”, según el documento emitido por el ente de control, se celebró sin que la entidad aparentemente cumpliera con la idoneidad y experiencia exigida.

Lea además: Cierran mercado público de Valledupar por jornada de desinfección

El proceso abierto, por parte del Ministerio Público en contra del exdirector de la CRA, Alberto Escolar, pretende investigar  presuntas anomalías en los acuerdos jurídicos suscritos con la CEIFIT durante los años 2017, 2018 y 2019, en los que se establecía la prestación de servicios de capacitación en la Corporación Regional Autónoma y en los municipios de la jurisdicción.

De acuerdo al comunicado del ente de control, "se ordenó la práctica de pruebas que permitan establecer la existencia del presunto hecho, los posibles implicados y determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, o si existen causales de exoneración de responsabilidad".