Alcalde de Valledupar tendrá que cumplir cinco días de arresto por invasiones en predio Sabana I

Con cinco días de arresto y una multa de  tres salarios mínimos mensuales vigentes  fue sancionado el alcalde de Valledupar, Mello Castro González por ordenar el desalojo a los invasores al predio Sabana I, de propiedad de Mauricio Pimienta Naranjo.

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La decisión fue emitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito,  luego del incumplimiento a la sentencia T-946 de 2011  de la Corte Constitucional, donde se ordenó desalojar a los invasores y reubicar a los desplazados donde están los asentamientos Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II. 

Mauricio Pimienta lleva 11 años esperando a que las autoridades desalojen el terreno Sabana I. 

El fallo indica que la administración municipal adelantó el desarrollo habitacional El Porvenir, en el cual serían trasladadas varias familias asentadas en dichas invasiones, estas acciones han sido insuficientes. 

“Sostiene que, en resumen, a la fecha se encuentran entregadas 556 viviendas discriminadas así: 226 viviendas entregadas antes de los actos vandálicos y 330 viviendas entregadas después de la diligencia de desalojo, así como a la fecha 202 viviendas se encuentran pendientes por entregar y 171 viviendas están invadidas de forma permanente”, reza el fallo del Juzgado Quinto Civil del Circuito. 

Por su parte, la Alcaldía de Valledupar  ha señalado que firmaron un acta con los ocupantes de los lotes en el que se comprometían a desocupar de manera voluntaria, pero que ha tenido problemas para restituir

Sin embargo, el Juzgado Quinto Civil consideró que las medidas han sido insuficientes para la protección de los derechos ciudadanos y el acatamiento a lo ordenado por la justicia. 

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“Si bien es cierto que la orden impartida es compleja, habida cuenta que requería de un lapso significativo de tiempo, y para una planificación de acciones administrativas y del concurso de diferentes autoridades, no lo es menos que el plazo otorgado para su cumplimiento ha sido excesivo, pues desde que se profirió la sentencia de tutela el 16 de diciembre de 2011 a la fecha, han transcurrido más de once años”.